Millones de euros en contratos adjudicados 'a dedo'
La contratación pública es una herramienta fundamental en el desarrollo de los servicios públicos, así como un motor para el impulso económico equilibrado, equitativo y en igualdad de condiciones. Se puede decir que las administraciones, ya sean de ámbito local, provincial, autonómico o estatal, son las mayores empleadoras, con un considerable peso en el PIB.
En este aspecto, existen diferentes procedimientos, siendo uno de ellos el contrato menor. Para que nos entendamos, es un procedimiento pensado para la adjudicación de prestaciones con importes reducidos, bajo el umbral (sin IVA) de 15.000 euros en caso de suministros o servicios, o de 40.000 en caso de obras. Están orientados a una tramitación ágil y puntual, careciendo de controles que no sean los económicos, de ahí que comúnmente se definan como contratos ‘a dedo’ y sean susceptibles de fraude.
Barakaldo tiene tendencia al abuso de este procedimiento, con un equipo de gobierno instalado en el modus operandi del fraccionamiento hasta incurrir en superar el límite económico establecido, o con prórrogas ilegales fruto de la ausencia de previsión al definir las necesidades de nuestro municipio. Antes de la pandemia se gestionaban en Barakaldo, anualmente, más de 3.000 contratos, y hasta 2.600 durante la Covid. Todos estos contratos “a dedo”, con extremos de hasta 84 adjudicaciones anuales a un mismo beneficiario, suponen que cada día, de media, se gestionan más de 8 adjudicaciones a través del contrato menor hasta alcanzar cifras millonarias. Evidentemente, esto no supone hechos puntuales por cuestiones de agilidad como decíamos anteriormente, sino una dinámica chusquera difícilmente justificable y creíble.
Amen de lo anterior, informes municipales apuntan que desde 2019 el equipo de gobierno de Barakaldo ha adjudicado cientos de miles de euros en contratar despachos de abogados externos, alguno de los cuales, con vinculaciones directas a antiguos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. El consistorio cuenta con un gabinete jurídico propio competente en esta materia, pero se externalizan estos trabajos de representación y defensa letrada a otros despachos sin la justificación pertinente necesaria o, incluso, a través de la contratación verbal iniciada a instancias del adjudicatario. En otras palabras, quienes reciben el dinero, realizan el trabajo sin que exista ningún requerimiento por parte del ayuntamiento, para después justificar el cobro. Todo ello, claro está, con cargo al bolsillo de todas las barakaldesas y barakaldeses, que pagamos a escote a través de nuestros impuesto.
Por si estos hechos no fueran poco, recientemente ha salido a la luz pública el caso de Barakaldo Kirolak. En esta ocasión, la fórmula pasaba por la selección de la mejor oferta entre varios presupuestos que, curiosidades de la vida, eran presentados por diferentes empresas pertenecientes a un mismo directivo.
Al final, este modus operandi supone un menoscabo a la igualdad de condiciones en el acceso a la contratación pública, lo que implica un procedimiento manifiestamente perjudicial para las arcas públicas debido a los sobrecostes añadidos fruto de la ausencia de planificación previa. Una forma de proceder que, además, transita por una peligrosa y delgada línea de dudosa seguridad jurídica, y que pone en peligro tanto los servicios como el dinero público. Por todo ello, desde Elkarrekin Barakaldo hemos denunciado en el juzgado este tipo de actuaciones y apuntamos que, no solo es necesario depurar responsabilidades, sino que urge la voluntad política necesaria para realizar un cambio de modelo a la hora de contratar.
Christian Bolaños
Coportavoz de Elkarrekin Barakaldo